Organizaciones ciudadanas de veinte países que
reconocen la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
manifestaron su repudio a la actuación del tribunal que instó a Costar Rica y a
los demás Estados de la región a garantizar el ‘matrimonio’ entre personas del
mismo sexo y el cambio de nombre por cuestiones de ‘género’.
En declaraciones a este corresponsal
representantes de más de treinta entidades coincidieron en que la Corte
sobrepasó sus competencias y violó el Estado de derecho con la ‘opinión
consultiva’ divulgada el pasado 9 de enero.
“La Corte está erigiéndose indebidamente en legislador del
continente, ella no puede interferir en un campo que sólo le compete al Poder
Legislativo de cada país. Es activismo judicial puro“, apuntan.
Consideran que el tribunal es
instrumentalizado para imponer “desde arriba” una agenda ideológica a todo el
continente. “Es una tentativa autoritaria que viola nuestra soberanía, se trata
de un acto de neocolonialismo ideológico“, subrayan.
Aunque técnicamente la ‘opinión consultiva’
sólo tiene valor vinculante para quien la solicitó, en este caso Costa Rica, los magistrados solicitaron a
los gobiernos “vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación y extender el derecho de acceso a la
institución matrimonial a las parejas del mismo sexo”, pues según su
interpretación el Pacto de San José contempla las categorías de ‘orientación
sexual’ e ‘identidad sexual’, aunque no haga mención alguna a ellas.
Para todos los líderes ciudadanos
consultados la manifestación de la Corte hiere el derecho a la libre
determinación de los pueblos, viola el orden constitucional interno de varios
países,está en contradicción con la propia letra del Pacto de San José y supera
la competencia dada originalmente al tribunal.
Argentina: María Inés Franck, del Centro de
Bioética, Persona y Familia, considera que la Corte Interamericana claramente
se propasó en el ejercicio de sus atribuciones. “No es una novedad, esta
actitud ha sido cada vez más frecuente en los temas de la vida y la familia,
actuando como instrumento de una ideología minoritaria que pretende imponerse
hegemónicamente en nuestra región“.
México: Leonardo García Camarena,
presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, considera que las
cancillerías deben pedir con valentía una rectificación y debe exigirse que la
Corte se ciña a la competencia que le atribuye en el Pacto de San José sin
extralimitarse.
Si desea conocer más las declaraciones dale
clic aquí.
Son veinte los Estados que han reconocido
la competencia contenciosa de la Corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y
Uruguay.
Fuente: Acctuall
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